Leyes e Instituciones que regulan el comercio electrónico en Mexico

Actualmente en México el comercio electrónico se ha volcado una herramienta confiable, atractiva y segura, para realizar transacciones vía electrónica, a través de tecnologías de información, todo ciudadano mexicano tiene derecho a dedicarse al comercio, como se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5 que a la letra dice:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

El comercio electrónico en México, se encuentra regulado a través de un marco legal que permite al consumidor tener una adecuada protección con el fin de evitar fraudes al momento de la contraprestación, esta regulación comenzó en abril de 1998, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En México se creó la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

La Procuraduría Federal del consumidor es la que se encarga de verificar y regular el comercio electrónico a través de las facultades que la ley mencionada anteriormente le confiere como el resolver los problemas entre las transacciones comerciales con proveedores en línea, y el monitorear la existencia de tiendas virtuales.

Otra de las leyes creadas para la regulación de comercio electrónico es la Ley Federal de Competencia Económica, que sus artículos que a la letra dice: Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.